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Las viviendas vacías frenan la erradicación de la pobreza energética

Ensanche Vallecas (3)La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) acaba de publicar el II Estudio sobre Pobreza Energética en España, según el cual 7 millones de personas se enfrentan a la dificultad de satisfacer las necesidades energéticas básicas de su hogar. Esto es, pagar las facturas de luz y gas o mantener su vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas.

Aunque las causas más directas de la aparición de la pobreza energética son tres, precios de la energía, renta familiar y calidad de la vivienda, la tipología del inmueble también tiene su incidencia en este fenómeno. No es lo mismo vivir en una casa baja aislada que en un piso que forma parte de un edificio de 15 alturas.

Supongamos que un banco tiene cuatro viviendas vacías en un edificio residencial. Durante el tiempo en que no están ocupadas, bien porque no las ha vendido o no las ha querido sacar al mercado de alquiler, corta la calefacción para hacer el mínimo gasto de energía posible. Esta acción provocará que los pisos contiguos, que sí están habitados, tengan que compensar con mayor energía las pérdidas que se producen desde sus viviendas, por estar más calientes, a las de los inmuebles vacíos y fríos. Un sobrecoste que provoca que, durante el invierno, las familias sean más vulnerables a sufrir pobreza energética.

Así pues, el parque de viviendas vacías favorece el crecimiento de la pobreza energética. Cuantos más pisos sin ocupar, mayor gasto energético tendrán que asumir las familias residentes en el edificio. La insolidaridad energética también reside en particulares, bancos, promotoras y Administraciones Públicas con viviendas vacías.

Ley de Propiedad Horizontal: preguntas y respuestas

¿Qué acuerdo en junta de propietarios se necesita para el LPH-2014_portadacerramiento de terrazas? ¿Y si queremos poner aparatos de aire acondicionado en cubiertas, fachadas y patios? ¿Pueden las operadoras instalar fibra óptica en los edificios sin permiso de la comunidad? Éstas son solo algunas de las 23 cuestiones que plantea y resuelve la Guía de la Ley de Propiedad Horizontal, que ha editado, tras las modificaciones que introduce la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

Además del contenido estricto de la norma, en base a la redacción de sus artículos, esta edición incorpora un bloque de preguntas y respuestas más frecuentes que, sin menoscabo de las interpretaciones que vayan apareciendo de las diferentes Audiencias Provinciales y Tribunales, pretende servir de referencia para la resolución de dudas y conflictos en el seno de las comunidades de propietarios.

Entre las modificaciones más importantes incorporadas en la vigente Ley de Propiedad Horizontal cabe destacar el incremento hasta tres años de la afección real y los créditos preferentes, la finalidad del fondo de reserva para obras de rehabilitación y las novedades en materia de obras (impuestas por la Administración o solicitadas por los propietarios).

Le animamos a consultar la Ley de Propiedad Horizontal en el siguiente link: goo.gl/1MJ36H

Ley de las 4R: rehabilitación, regeneración, renovación y RESCATE

La conocida como Ley de las 3R, Rehabilitación, Regeneración y rehab_PisosRenovación Urbanas, de 26 de junio de 2013, nació con el objetivo de potenciar la rehabilitación edificatoria, eliminando para ello las trabas existentes, principalmente económicas, y creando mecanismos específicos que la hagan viable. De ello se está ocupando el Ministerio de Fomento que, tras reunir en diferentes mesas de trabajo a los diferentes actores involucrados, está cocinando un Plan Estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación.

Sabemos que la situación de crisis actual no favorece la realización de obras en comunidades de propietarios, protagonistas de este plan. Es más, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios han alertado en la presentación del tercer estudio global de la morosidad del grave problema que supone incrementar la presión sobre la liquidez de los propietarios de inmuebles. Sus datos lo corroboran: el 40,9% de los comuneros no podrán asumir ningún coste extraordinario relacionado con las derramas para rehabilitación durante 2014.

En este contexto, los administradores de fincas colegiados insisten en la necesidad de contar con un esquema de subvenciones adecuado y poder acceder a créditos bancarios a bajo interés. Pilar Martínez, directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, reconocía en la revista Administración de Fincas que su departamento está estudiando la idea planteada por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid de transformar las subvenciones en un fondo de liquidez destinado a las comunidades de propietarios. Aunque también destacaba la posibilidad de que coexista esta iniciativa con subvenciones o ayudas directas.

Por el momento, las ayudas gestionadas por el IDAE y la línea ICO para la rehabilitación, son las principales vías de acceso a un colchón económico que mitigue la falta de liquidez en las comunidades. Pero es necesario que entren en escena las entidades financieras y comiencen a desarrollar productos específicamente adaptados a las necesidades y oportunidades de las comunidades de propietarios.

Los costes que acarrea el vertido de aceite de cocina usado

La cultura del mantenimiento de los edificios empieza por sensibilizar a sus residentes sobre la importancia de mantener en buen estado de conservación su vivienda y las zonas comunes existentes en las comunidades de propietarios. En ello se afanan los administradores de fincas, y también las Administraciones Públicas a través de las subvenciones a la rehabilitación. contenedores

Sin embargo, son poco conocidas las prácticas que, de llevarse a cabo, mejorarían considerablemente el estado de las redes sanitarias (desagües, tuberías, etc.) de un edificio. Una de ellas es el reciclaje de aceite de cocina usado, prácticamente inexistentes en las comunidades de propietarios.

Y es que, como asegura el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), “a pesar de la existencia de puntos de reciclaje habituales para la correcta recogida de los aceites usados de cocina producidos en los hogares, la mayor parte acaba por el desagüe, dañando el medio ambiente, encareciendo el mantenimiento de la red de aguas sanitarias de los edificios y del alcantarillado público, y elevando además los costes de depuración de las aguas residuales de los municipios”. Como consecuencia, el vertido de aceite por los desagües y sumideros domésticos puede acarrear costes de limpieza y mantenimiento que oscilan entre 0,30 y 0,50 € por litro.

En la Comunidad de Madrid se estima que el aceite usado de cocina generado en los hogares supera las 10.000 toneladas/año y, sin embargo, la recuperación para su aprovechamiento energético es inferior al 8% en el sector doméstico. “Si el aceite se recogiera y gestionase de forma adecuada, dejaría de ser un residuo y pasaría a ser un recurso, evitándose con ello los costes ambientales y económicos, y obteniendo en su lugar un combustible limpio y autóctono que proporciona beneficios”, explica el CAFMadrid. No olvidemos que el aceite vegetal usado de cocina es un combustible líquido limpio empleado para motores de combustión interna, con bajas emisiones de CO2 y NOx.

Al margen de ello, las comunidades de propietarios con sistema de recogida de aceite usado tendrían menos olores en la red de saneamiento y tuberías al no verterse dicho líquido por los desagües, menos suciedad y olores en pasillos, zonas comunes, cuartos de basura y probablemente menos operaciones de limpieza de arquetas comunes de la red sanitaria interior.

Conocidos los beneficios medioambientales y económicos que supone el reciclado de aceite, extraña que una ciudad como Madrid cuente apenas con 16 puntos fijos y 21 móviles en la capital, destinados a la recogida de todo tipo de residuos, y en los cuales sólo se recicla en torno al 4% del aceite usado de cocina doméstico.

A diferencia de otros municipios como Alcalá de Henares, Tres Cantos, Guadarrama, Pozuelo de Alarcón, Navacerrada, Torrelaguna, Chinchón o San Agustín de Guadalix, en Madrid capital no está autorizada la instalación de contenedores fijos de aceite en las calles, situación que, en opinión del CAF Madrid, es “inadmisible” si se desean reducir los costes.

Cierto es que existen empresas gestoras que ofrecen la instalación de este tipo de contenedores dentro de las comunidades de propietarios, pudiendo ser gratuita o llegando a tener un coste mínimo (inferior al euro por mes y vivienda), dependiendo del acceso y número de recogidas. Pero igualmente cierto es que “dado que la recogida de basuras ya está cubierta con los impuestos generados por su correspondiente tasa, parte de la recaudación municipal debería ir destinada a la instalación gratuita de contenedores naranjas para aquellas comunidades que así lo soliciten”, solicita el CAFMadrid. “De esta manera la comunidad no tendría que afrontar los costes cuantiosos derivados de los daños que genera el vertido incontrolado de aceite de cocina en las instalaciones sanitarias del edificio”, asegura.

Entretanto, la Dirección de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid (DGI), la Fundación de la Energía de la Comunidad (Fenercom) y la Asociación “Otro tiempo” han elaborado, en colaboración con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, un díptico para dar a conocer los beneficios medioambientales del reciclado de aceite.

Las comunidades de propietarios ante la Ley Orgánica de Protección de Datos

La Memoria de Actividades de la Agencia de Protección de Datos, correspondiente a 2012, cifra en 221 el número de actuaciones iniciadas contra las comunidades de propietarios y administradores de fincas.

No olvidemos que las comunidades están obligadas a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), una exigencia que puede acarrear sanciones económicas de hasta 600.000 euros.

Con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos, que se celebra  hoy, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid calcula que el 55% de las comunidades desconoce las obligaciones que en materia de protección de datos debe cumplir, siendo las causas sujetas a infracción más habituales aquellas relacionadas con las comunicaciones a través del tablón de anuncios, datos económicos de propietarios morosos y la existencia de cámaras de videovigilancia.

La institución destaca las sanciones a comunidades de propietarios por exhibir en el tablón de anuncios los datos de los propietarios morosos. A este respecto, “únicamente se puede informar de los propietarios morosos en la convocatoria de la junta para que éstos sepan que estarán privados de su derecho de voto durante su celebración”, dice el Colegio. De la misma manera esta situación quedará reflejada en el acta. “Ahora bien”, continúa, “dicha convocatoria se enviará primero al domicilio a efectos de comunicaciones facilitado por el propietario por lo que no deberá exponerse la misma en el tablón de anuncios de la comunidad”.

La publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios con datos de morosos sólo estará justificada si no se ha podido notificar la deuda o el acuerdo de liquidación de la misma en el domicilio que tiene designado el propietario en España o, en su defecto, en el piso o local perteneciente a la comunidad, y se acredite este intento de comunicación.

La instalación de cámaras de videovigilancia sin las garantías de la LOPD es otro de los motivos más recurrentes de las sanciones.
Las comunidades de propietarios que cuenten con sistemas de videovigilancia en sus zonas comunes, deberán cumplir con el deber de informar a los afectados, expresado en la LOPD y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
A tal fin, “son obligaciones de la comunidad, entre otras, colocar en las zonas videovigiladas al menos un distintivo informativo ubicado en un lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos (jardín comunitario, piscina, etc.) como cerrados (portal, garaje, escalera….), comunicar a la Agencia la creación del fichero donde se registran las grabaciones y el nombramiento en Junta General de Propietarios de los órganos de gobierno habilitados para la visualización”, recuerda el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

La accesibilidad en comunidades, una asignatura pendiente

Durante 2013, los técnicos de la FAMMA-Cocemfe Madrid han recibido una treintena de casos de denuncias relativas a edificación (falta de accesibilidad, barreras en la entrada, inexistencia de salvaescaleras, rampas o ascensores).

De este montante total, el 43% de casos se debieron a problemas relativos a comunidades de propietarios o colectividades diversas. A este respecto, los problemas detectados en mayor medida fueron la falta de salvaescaleras, inexistencia de plataformas elevadoras, ausencia de rampas, barreras a la entrada –escaleras–, y entorno del inmueble no accesible –portal, telefonillo–.

La madre de Mercedes tiene una discapacidad del 90%. Hace cuatro meses que lleva peleando para que instalen una silla salvaescaleras y habiliten una rampa en su comunidad. Lo ha logrado, aunque “con mucho esfuerzo” y pese a la “solidaridad cero” de sus vecinos.

Peor suerte está teniendo María Vicenta, de 75 años, también residente en Madrid. Ella utiliza bastón y tiene dificultades de movilidad. Su marido, que tiene párkinson, usa andador. Desde el ascensor a la puerta de su inmueble tiene seis escalones. Situación que hace que tengan que bajar a la calle en unas condiciones “lamentables”. Todavía buscan una solución que satisfaga a todos los vecinos.

Para dar respuesta a estas quejas y atender las demandas relativas a incumplimientos e infracciones en materia de accesibilidad, la Federación ha creado un gabinete denominado “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”. Su ámbito de actuación atenderá desde los espacios públicos a las nuevas tecnologías, pasando por la edificación.

En palabras del presidente de FAMMA, Javier Font, “con esta iniciativa se pretende aumentar la oferta de bienes productos y servicios, una mayor y mejor integración social, mejorar las relaciones interpersonales entre las personas con discapacidad, la administración y el sector privado, además de potenciar una mayor confianza entre los afectados/as para poder interactuar en su propio entorno de convivencia y alcanzar las mayores cuotas de integración y autonomía personal”.

 

La iluminación de las comunidades, mejor con led

La iluminación led está de moda. Su uso, cada vez más generalizado en comunidades de propietarios, ofrece un potencial de ahorro energético y económico evidente. Así al menos se desprende de la actuación realizada en la comunidad ‘Montefresno’, situadoa en el PAU de Montecarmelo, en Madrid.

A comienzos de 2012, la junta de gobierno de esta mancomunidad, formada por varios portales y un garaje comunitario, decidió solicitar diferentes propuestas para reducir el coste general de la comunidad. Solo la partida energética suponía cerca del 20% del total, por lo que decidieron actuar sobre este concepto.

Para conseguir una reducción de los costes económicos derivados del consumo energético de las instalaciones, manteniendo o mejorando la calidad del servicio, el primer paso fue encargar a una empresa especializada la redacción de una auditoría energética y un plan de acción.

Si bien es cierto que existen comunidades con características similares, más aún en los PAUs, los resultados de las auditorías son muy sensibles a ciertas variables. “De ahí que sea imprescindible realizar un estudio individual”, razona David López, de ECREN, empresa encargada de este estudio.

La comunidad de propietarios estableció como requisitos mínimos que las inversiones (auditoría y nuevos equipos) se recuperaran con el ahorro generado en un año. De esta forma, se cumpliría la previsión de costes aprobada al comienzo del ejercicio y no sería necesaria ninguna aportación extraordinaria por parte de los propietarios.

A la auditoría energética (análisis de la facturación, análisis de las instalaciones, contabilidad energética, creación de un modelo de consumo) le siguió la elaboración de un plan de acción donde se decidió qué medidas de ahorro y eficiencia energética (MAEs) iban a ser implantadas. “De cada una de ellas se analizó el ahorro estimado, la inversión necesaria para su implementación y el periodo de amortización”, apunta López.

En base a los datos aportados por la auditoría, se definió la prioridad en la sustitución de los diferentes equipos de iluminación, causantes de gran parte del gasto energético. “En el garaje se sustituyeron 135 tubos fluorescentes por 125 tubos led; en los soportales las lámparas de bajo consumo y de vapor de sodio fueron cambiadas por lámparas led; finalmente, en los portales 100 lámparas de tecnología led sustituyeron a otras tantas incandescentes”, resume Carlos de Miguel, de Total LED Iluminación, empresas que suministró e instaló esos equipos.

Las medidas implantadas, que se han ejecutado en su totalidad y verificado en un 90%, superando la estimación inicial de ahorro, han reducido la demanda total de energía en un 41% y de los costes en un 57%.

Recogida de juguetes: “Ningún niño sin sonrisa”

Se acercan las fiestas navideñas y un año más el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) pone en marcha, en colaboración con la empresa Prevent Security Systems, la campaña de recogida de juguetes “Ningún niño sin Sonrisa”. Regalar ilusión a niños que viven en familias desfavorecidas es el objetivo. ¿Y cómo? Con el mejor regalo posible: un juguete.

Ambas entidades piden a los madrileños que no tiren los juguetes que sus hijos ya no utilizan, pues la organización se encargará de repararlos, en caso de ser necesario, embalarlos y hacerlos llegar a Ningún Niño sin Sonrisa, organización que los repartirá el 6 de enero a todas aquellas familias que, por la situación económica actual, no pueden hacer regalos a los más pequeños de la casa.

Desde este blog que abre, semana tras semana, las puertas de tu comunidad de vecinos, queremos hacerte partícipe de esta iniciativa solidaria. Anímate y deja tu juguete, nuevo o usado, en la sede de CAF Madrid (Calle García de Paredes, 70, Madrid) hasta el 20 de diciembre y en horario de 9:00 a 14:00 horas (exceptuando fines de semana y días festivos).

¡Gracias por tu solidaridad!

Las comunidades de vecinos pequeñas, las más proclives a sufrir actos vandálicos

Si bien es cierto que las urbanizaciones son las comunidades de propietarios más protegidas contra los robos en zonas comunes o viviendas, las comunidades pequeñas, ubicadas principalmente en el centro de las capitales, son las más proclives a sufrir actos vandálicos.

Según el balance de los nueve primeros meses del año 2013, elaborado por el Ministerio del Interior, se ha registrado un espectacular incremento de los robos con fuerza en domicilios, creciendo un 27,1% respecto al año anterior en la provincia de Madrid.  Mientras, no son menos los delitos de este tipo denunciados en la Comunidad madrileña, que llegaron a las 14.334 denuncias, esto es, unos 40 diarias, según las cifras facilitadas por  la Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil.

Con el fin de incrementar las medidas de seguridad en los edificios con pocos vecinos, que por motivos económicos no pueden acceder a equipos y sistemas profesionales, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y la empresa Prevent Security Systems han puesto en marcha el Plan de Ayudas DisuaD, una iniciativa que permitirá que 300 comunidades de propietarios madrileñas puedan contar con cámaras de seguridad subvencionadas a coste cero.

Este Plan de Ayuda, que está dotado con 640.000 euros, subvenciona la instalación de 1 a 4 cámaras, grabador de 4 entradas, disco duro, monitor y la instalación a coste cero para las comunidades de propietarios que sean administradas por un administrador de fincas colegiado en el Colegio de Madrid. Las comunidades interesadas sólo deberán suscribirse al servicio de adaptación a la LOPD mediante Telegestión, que les permitirá cumplir las normativas vigentes.

Y es que no hay que olvidar la compleja normativa que existe para regular el uso de la video vigilancia: la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Seguridad Privada. Normas que son importantes para que las grabaciones puedan ser utilizadas con posterioridad como pruebas en un juicio.

Las comunidades de propietarios interesadas en la Ayuda del Plan DisuaD podrán solicitar la misma a través de su administrador de fincas colegiado.

Ajustar el horario de la calefacción, primer paso para ahorrar energía

Cientos de miles de comunidades de propietarios todavía disponen de calefacción central, cuyo arranque está próximo por la acusada bajada de las temperaturas.

Una de las cuestiones que suscita mayor controversia en la comunidad, y más ahora con el alto coste del gasóleo, es la que tiene por objeto fijar el inicio y fin de la temporada de calefacción, así como su horario de funcionamiento. Una decisión que, debido a la ausencia de una regulación específica, debe ser adoptada por un acuerdo por mayoría simple.

Por lo que respecta concretamente al horario, se recomienda que la comunidad adopte una norma de régimen interno en función del uso que se haga de la instalación y de las condiciones exteriores del edificio, toda vez que normalmente las viviendas en las plantas superiores, bajos y las orientadas al norte son más proclives a sufrir las inclemencias climatológicas adversas.

Asimismo, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) aconseja ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas. Como norma, sugiere, apagar la misma durante la noche y encender unos minutos al levantarse, pues así se descansa mejor.

Y es que por cada ºC en que se incrementa la temperatura de un edificio o vivienda, el consumo energético aumenta en un 7%, al igual que el gasto en calefacción y las emisiones de CO2, según el IDAE.