Actualidad inmobiliaria

Los actores Raúl Arévalo (Goya al mejor actor de reparto por Gordos y uno de los protagonistas de Con el culo al aire) Natalia Millán (Amar en tiempos revueltos, Cinco horas con Mario) y Antonio Dechent (Miel de naranjas, A puerta fría) se han unido a la Lucha contra los abusos de FACUA-Consumidores en Acción y protagonizan una campaña en la que llaman a los usuarios a movilizarse contra las hipotecas trampa.

Dentro de esta campaña, FACUA pondrá en marcha una serie de reivindicaciones contra las prácticas abusivas en las que viene incurriendo el sector bancario en sus hipotecas.

La primera de estas reivindicaciones es una petición por Twitter al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que tras tomar el control de Bankia paralice los crueles desahucios en que viene incurriendo la entidad cerrándose a negociar alternativas con usuarios que ya no tienen capacidad para pagar por sus graves dificultades económicas.

Así, FACUA invita a los consumidores a que tuiteen:

Me uno a la petición de @facua: @MarianoRajoy, pare los desahucios en Bankia a  víctimas de las #Hipotecastrampa http://youtu.be/qziHYHb2cNg

Vídeo para llamar a la movilización

Los tres actores protagonizan un vídeo, que puede verse en la web de FACUA y sus canales en Youtube y Vimeo, donde denuncian las cláusulas abusivas, la letra pequeña de los contratos hipotecarios y los desahucios en que está incurriendo la banca a quienes no tienen dinero para pagar: “Banqueros sin escrúpulos que cada día dejan en la calle a decenas de familias” (Arévalo), “Contratos con letra pequeña que no aparecía en la publicidad” (Millán), “Cláusulas trampa que encarecen nuestras hipotecas” (Dechent).

“Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción”, dicen los artistas en el vídeo de la campaña, que está difundiéndose en las redes sociales Facebook, Google + y Twitter, con el hashtag #Hipotecastrampa. 

“Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción”. Es el llamamiento que hacen cada uno de los actores al final de las respectivas versiones del vídeo.

Tercera ‘Lucha contra los abusos’

Se trata de la tercera de las campañas de movilización que, bajo el lema Lucha contra los abusos, FACUA pone en marcha con la colaboración de decenas de artistas socios de la organización.

La primera de ellas, contra los contratos de permanencia abusivos, comenzó el 19 de abril y está protagonizada por Imanol Arias (Cuéntame cómo pasó) Lara de Miguel (Compañeros) y Patxi Freytez (La fuga).

La segunda, contra los recortes en la sanidad pública, se lanzó el 3 de mayo y cuenta con Jesús Carroza (Goya al mejor actor revelación por 7 vírgenes) Marisol Rolandi (Hospital Central) y Héctor Tomás (Amar en tiempos revueltos).

FACUA considera que las medidas planteadas en el Programa Nacional de Reformas de 2012 destinadas a fomentar el alquiler resultarían ineficaces y ha mostrado su preocupación con respecto a la idea de “crear un registro público de inquilinos infractores”.

En este sentido, la asociación se pregunta si los abusos cometidos por los arrendadores se tratarán de la misma manera que los cometidos por los inquilinos.

FACUA ha advertido que la creación de un registro público de inquilinos morosos podría vulnerar el derecho a la intimidad y la protección de datos. Las dudas que plantea esta iniciativa son, entre otras, qué entiende el Gobierno por abusos por parte de los inquilinos y quién determinará que se han cometido para su inclusión en el registro.

La asociación recuerda que ya en 2011 se reguló el desahucio exprés, que permite el desalojo de los inquilinos morosos en plazos más breves.

Por otra parte, FACUA también considera que “flexibilizar” la duración del contrato generaría una situación de desequilibrio entre arrendador e inquilino. Los arrendatarios podrían verse en una situación de desprotección al verse obligados a cambiar de domicilio continuamente o tener que asumir subidas abusivas en la renta del alquiler.

La asociación advierte que el problema del alquiler no se debe a la flexibilización de los contratos. FACUA defiende que la actual normativa es equilibrada en este sentido, ya que los contratos de alquiler están destinados a vivienda habitual y una duración menor o arbitraria de los mismos no garantizaría ningún tipo de estabilidad a los usuarios.

Asimismo, FACUA ha criticado el punto donde se plantea “unificar y coordinar la diversidad de ayudas vigentes”. La asociación entiende que esta propuesta parece una burla a los usuarios, cuando el Gobierno de Rajoy derogó en diciembre del año pasado la Renta Básica de Emancipación y prácticamente no existen ayudas al alquiler.

Un concepto fundamental que debemos conocer a la hora de contratar una hipoteca o un préstamo es la Tasa Anual Equivalente o TAE. Aunque es un concepto del que hemos hablado en post anteriores, es importante tener claro su significado e importancia a la hora de comparar ofertas de distintas entidades bancarias.

La Tasa Anual Equivalente o TAE es una cifra que tiene en cuenta no sólo el interés (interés nominal), sino también las comisiones, los productos que obligan a contratar o el plazo.

Por tanto, a la hora de comparar entre los distintos productos financieros con características homogéneas (por ejemplo, dos préstamos con interés similar y a un mismo plazo), este dato económico, va a facilitar una referencia para localizar el producto más ventajoso desde un punto de vista económico. 

Además, es un dato que las entidades están obligadas a incluir en todos los anuncios de hipotecas, préstamos y depósitos, lo que facilita al usuario realizar esta comparativa entre los distintos productos ofertados.

La renta es el precio que el arrendatario abona al arrendador por el derecho de hacer uso de la vivienda. En el contrato viene establecido el importe de la misma de una forma libre por las partes, ya que la ley no establece ninguna limitación al importe de la misma.

No obstante, en relación a la renta la ley sí establece algunas cuestiones, como la obligación de que el pago se haga de forma mensual y en los siete primeros días del mes, no pudiendo exigir el arrendador el pago por anticipado de más de una mensualidad.

La actualización de la renta durante los primeros cinco años del contrato debe hacerse en el cumplimiento de cada anualidad según el Índice de Precios al Consumo (IPC). No obstante, a partir del sexto año, se podrá actualizar según lo estipulado en el contrato o, en caso de no haberse pactado nada al respecto, de acuerdo al IPC.

La renta actualizada será exigible desde el momento en el que la parte interesada lo notifique a la otra parte. Dicha notificación debe realizarse por escrito y acompañada de la correspondiente certificación del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La renta también puede verse elevada si el propietario realiza mejoras en la vivienda, no obstante, dicha elevación únicamente puede llevarse a cabo si han transcurrido cinco años de duración del contrato. Para poder subir la renta por este motivo, el arrendador, previamente, también tiene que comunicarlo por escrito y aportar al arrendatario copias de los documentos que justifiquen el coste de dichas obras.

Si te surge cualquier problema con tu préstamos hipotecario, debes saber que el sistema bancario tiene establecido un procedimiento específico para el trámite de las  reclamaciones a través del Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Para la admisión y tramitación de reclamaciones será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente, por escrito, dirigidas al departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, al Defensor del Cliente de la entidad contra la que se reclame. Éstos deberán acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y resolverlas o denegarlas igualmente por escrito y motivadamente.

Asimismo, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

Recibida la reclamación por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España si se cumplen los requisitos necesarios, se procederá a la apertura de un expediente por cada reclamación, en el que se incluirán todas las actuaciones relacionadas con la misma; en caso contrario, se requerirá al reclamante para completar la información en el plazo de diez días, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se le tendrá por desistido de su reclamación.

Formulado el correspondiente informe, y si éste fuera desfavorable a la entidad reclamada, ésta estará obligada a informar al servicio de reclamaciones competente si ha procedido a la rectificación voluntaria en un plazo no superior a un mes desde su notificación.

El último informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales no arroja datos muy positivos sobre la devastadora situación que viven numerosas familias al no poder hacer frente al pago de sus hipotecas.

Según recoge este  documento, en 2011 aumentaron cerca de un 22% el número de de desahucios, marcando un nuevo máximo histórico, lo que supone más de 58.000 procedimientos. El informe señala que las comunidades con mayor número de desahucios han sido Comunidad Valenciana con 13.711, Andalucía con 9.864  y Madrid con 9.460.

Frente a esta alarmante situación, la respuesta de las administraciones públicas  está siendo muy poco acertada, al inyectar dinero público a las entidades financieras o al promover medidas como el código de buenas prácticas.

Recordemos que éste código es de carácter voluntario para los bancos y recoge una limitadísima fórmula de dación en pago sólo para familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

Es inaceptable que el nuevo Gobierno continúe desarrollando esta política de proteccionismo al sector bancario, en lugar de poner en marcha cambios regulatorios de envergadura pensando de una vez por todas en los intereses de los ciudadanos.

Si acabas de adquirir una vivienda de nueva construcción, lo habitual es que adviertas la presencia de defectos una vez tomes posesión de la misma. Por ello, la Ley de Ordenación de la Edificación prevé unos plazos de garantía en vivienda nueva de diez, tres y un año, en función del tipo de imperfección o defecto de que se trate.

Una vez detectado el defecto dentro de los plazos de garantía el consumidor tendrá dos años, desde que se produzcan, para reclamar a los agentes intervinientes en la edificación.

Al margen de ello, el promotor es sujeto de responsabilidad contractual por un plazo de quince años. Por lo tanto, aunque se haya otorgado la escritura de compraventa, tendrás derecho a exigir la reparación de los defectos advertidos.

En caso de segundas o ulteriores transmisiones de esa nueva vivienda, el nuevo adquiriente tendrá los mismos derechos a reclamar los defectos si éstos están en plazo de garantía, ya que está legitimado por subrogación.

Vicios ocultos

También, si se entrega una vivienda defectuosa en segunda transmisión, el comprador podría reclamar al vendedor por vicios ocultos. Esta acción se puede emprender sólo si estos vicios ocultos la hacen impropia para el uso al que está destinada o disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido, no la habrías adquirido o habrías pagado menos por ella.

El plazo para reclamar es de caducidad de seis meses contados desde la entrega de la vivienda. En este caso, el comprador puede optar por desistir del contrato abonando el vendedor los gastos pagados, o bien, rebajar el precio proporcionalmente a juicio de peritos. Podrás solicitar además indemnización por daños y perjuicios si el vendedor conocía la existencia de los vicios ocultos y no lo manifestó.

La reunificación de deudas persigue unificar en una sola cuota o recibo los distintos préstamos que se tengan contratados.

La reunificación de deudas es un servicio que ofrecen ciertas entidades, consistente en agrupar todos los créditos o deudas que tiene una persona (hipoteca, crédito al consumo, crédito personal, etc.) en un sólo préstamo, normalmente de tipo hipotecario (o ampliar uno ya existente) con una entidad financiera o crediticia.

Este nuevo préstamo se destina a cancelar los otros préstamos o deudas, convirtiéndose la deuda en una sola y a devolver en un mayor plazo. Lo habitual es que con este tipo de operaciones, el consumidor, no sólo busque simplificar su relación con una o varias entidades bancarias, sino también rebajar la cuota a pagar a todas ellas. Es decir, el usuario buscará pagar una sola cuota y por una cantidad más baja si la compara con la suma de todas las cuotas de sus préstamos originarios.

El problema suele ser que en ocasiones si se suman las cantidades que se van a pagar durante todos los años, las cuentas no salen tan claras para el consumidor, ya que tendrá que pagar mucho más dinero en intereses, costes que genera el nuevo contrato y, por supuesto, el beneficio de la empresa o empresas que hayan participado en el negocio de la reunificación, de lo que hubiera llegado a pagar en la situación anterior. Por esta razón es preciso comparar bien las dos situaciones y saber exactamente el coste de la operación de reunificación.

Los usuarios españoles pagamos las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europa, sólo por detrás de las de las islas de Malta y Chipre.

Así lo pone de manifiesto el estudio comparativo entre los precios finales de la electricidad antes de impuestos en España y el resto de países europeos realizado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) con motivo de su informe sobre medidas de ajuste regulatorio para resolver el déficit de tarifa.

Por este motivo, FACUA ha pedido al ministro de Energía que emprenda medidas. El ministro Soria debe hacer algo, y no precisamente subir la luz en abril para convertirnos en líderes en tarifas en toda Europa, teniendo las más caras.

Lo que pedimos al titular de Energía es que emprenda un cambio regulatorio de envergadura, contando con en su diseño con la participación de las organizaciones de consumidores representativas, que acabe con el actual sistema de fijación de precios, basado en una subasta de más que dudosa fiabilidad, y establezca una fórmula que garantice tarifas más justas establecidas por el Gobierno.

A partir de estadísticas de Eurostat, la CNE concluye que los precios medios pagados en 2011 por los clientes domésticos españoles (en céntimos/kWh) eran los terceros más caros de entre una treintena de países europeos, solo por detrás de dos islas, Malta y Chipre.

Asimismo, el análisis de la Comisión muestra cómo ha crecido la brecha entre el precio de la electricidad en España y el resto de Europa en los últimos cinco años, hasta el punto de que en 2007 estaba en el puesto catorce del ranking, en mejor posición que Alemania o Reino Unido.

FACUA organiza por tercer año los premios a La Peor Empresa, La Peor Práctica Empresarial y El Peor Anuncio de los últimos doce meses.

El desahucio de afectados por el impago de hipotecas es una de las nominadas a peor práctica del año. Sólo durante el primer semestre de 2011, una media de 175 familias al día fueron expulsadas de sus viviendas según el Consejo General del Poder Judicial.

Frente a ello, la respuesta de las administraciones públicas ha sido la de inyectar dinero público a las entidades financieras, y promover un código de buenas prácticas voluntario para los bancos que permite la dación en pago sólo a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

Junto a esta práctica, también han sido nominadas la negativa a facilitar teléfonos de atención al cliente gratuitos, el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados, el cierre repentino de compañías aéreas con el abandono de viajeros y el fraude de las participaciones preferentes. Los consumidores pueden votar en la página web FACUA.org/lapeorempresa.

Desde el 7 de febrero, los consumidores han podido plantear sus propuestas de nominaciones a través de la citada web. Hay cinco nominados por cada categoría, seleccionados por FACUA tras analizar las propuestas planteadas por los consumidores y sus departamentos de Comunicación, Técnico-Jurídico y Análisis y Control de la Publicidad, Productos y Servicios.

La peor empresa y el peor anuncio

Este martes 6 de marzo se ha abierto el plazo para las votaciones, que se prolongará hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair.

Los cinco nominados a El Peor Anuncio del Año son la campaña de Activia de Danone, AppleCare Protection Plan de Apple, la tarifa de supuesta Tranquilidad de Endesa, la publicidad comparativa de Metro de Madrid y la pseudoasamblea de Movistar.