Muchas de las actividades profesionales requieren por ley una formación universitaria o profesional específica para poder ejercerlas. Por ejemplo, es necesario contar con una titulación universitaria de arquitectura o medicina para poder trabajar como tal y también se requieren carnets profesionales para poder trabajar como instalador eléctrico o de otros tipos.
Las empresas que realizan instalaciones de seguridad electrónica o telecomunicaciones deben de contar con los técnicos competentes oportunos, disponer de ciertos equipos calibrados periódicamente, contratar seguros de responsabilidad civil, estar inscritos en un registro del Ministerio del Interior/Consejerías de Industria, etc. Aunque con la famosa ley Omnibus ciertas exigencias han variado, siguen manteniéndose bastantes requerimientos.
Cuando se contrata a estos profesionales, la ley garantiza que van a contar con conocimientos, instrumentos, experiencia mínima (prácticas no laborales, interinos, etc). El consumidor decide la elección del profesional basándose en otros criterios adicionales como experiencia, porfolio de proyectos, relación calidad/precio, calidad de la oferta recibida, referencias, o cualquier otra que considere oportuna.
La domótica no cuenta con una regulación para determinar que tipo de profesional está capacitado para diseñar o proyectar un sistema de control para viviendas o edificios (si que cuenta con una regulación respecto al profesional instalador, que es el eléctrico de categoría especialista). Cuando una actividad no cuenta con una regulación adecuada, muchas veces da pie a que se produzca intrusismo profesional y desprestigio de la misma, como por ejemplo han denunciado los informáticos desde años atrás.