Opinión
Los deberes de un nuevo mercado inmobiliario
Adeces rechaza la creación de un 'banco malo'. 
Llevamos tiempo dándole vueltas al mismo molinillo, esperando que en una de ellas las musas nos inspiren y podamos recuperar un mercado inmobiliario que con su estallido, unido al del mercado del crédito, nos dejó un paisaje desértico: millones de empleos destruidos, promociones fantasmas, otras a medio construir, cientos de miles de viviendas esperando un comprador que no llega y que, mientras tanto, inflan la deuda de sus propietarios (bancos, promotores o familias)…Y suelo, mucho suelo que le ha explotado en las manos a quien lo compró.
A impulsos se trata de animar un mercado que ni con transfusiones recupera sus constantes vitales. Eso fue el anuncio de la desaparición de las deducciones por vivienda para tratar de acelerar las decisiones de compra. Transfusiones fueron también las imágenes, lamentables según la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), de los responsables públicos intentando vender inmuebles y suelo a grupos de inversores.
Se habla ahora de crear un banco malo que agrupe los activos tóxicos (inmuebles y suelo) de las entidades financieras, en él que los ciudadanos ponemos el dinero. Adeces, rechaza esta socialización de las pérdidas, igual que rechazó la propuesta de los promotores de que el Estado comprase las viviendas en stock. Pero, si se crease este banco, ¿se queda el Estado con las viviendas mientras otros ciudadanos son desahuciados? ¿Cuánto dinero hay que poner?, ¿lo que dicen los libros de los bancos que valen los activos o lo que realmente valen? ¿Cuánto cuesta mantener estos activos tóxicos mientras permanecen en el banco malo?
También los promotores reclaman dinero, 23.000 millones de euros para afrontar en 2015 el inicio de 300.000 viviendas. Petición que justifican con los retornos de esta inversión (impuestos, empleo, etc); se olvidan de que esta financiación la deberá conceder un sector financiero empachado de activos inmobiliarios o un Estado que debe atender otras prioridades.
Quizá es que se ha hecho de todo menos lo que hay que hacer: afrontar una rebaja sustancial de precios para colocar las viviendas y obtener liquidez. Si se recupera la desgravación fiscal, la reducción en el precio acabará siendo menor. Aún así, no es seguro que el mercado inmobiliario se reanime, porque el ciudadano tiene que poder confiar en el futuro y esta premisa hoy no se da.
Pero no todo es deshacer el entuerto inmobiliario. Es hora de que nuestras normas sobre las exigencias térmicas, acústicas y de protección contra el fuego, reunidas en el CTE, sean más exigentes y se armonicen con las de los países más avanzados de la UE. En esta situación de parálisis del sector de la edificación a nadie dañaría conocer que las reglas futuras deben responder al interés general, cubrir el déficit de calidad que todas ellas presentan desde su aprobación.
Para ello es necesario que los poderes públicos, centrales y autonómicos hagan sus deberes, como Adeces les pidió hace dos años, asuman su responsabilidad y se comprometan con el interés general.Adeces considera que en este objetivo los profesionales juegan un papel trascendente, entre ellos el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España que debe fortalecer la independencia respecto a instituciones y promotores para no tener que volver a reconocer que muchos de los proyectos durante los primeros años de la burbuja “se visaron deprisa” para evitar los requisitos técnicos del Código Técnico de Edificación aprobado en 2006, es una de las mejores pruebas de la falta de compromiso social y ambiental de la arquitectura. A su lado, otros muchos profesionales deben en este tiempo incrementar su formación para promover que el sector que nazca de la crisis sea más sólido y aporte más valor a la actividad.
